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Abogada egresada de la Universidad de Carabobo y doctora en Derecho Constitucional, egresada de la Universidad Santa María.

Es especialista en Derecho Procesal, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. También es especialista en Derecho Penal, egresada de la Universidad Santa María; y magíster en Dinámica de Grupos, egresada del Centro de Investigación y Estudio de la Dinámica Social.

Obtuvo el Diplomado en Derechos Humanos, dictado por la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Además, obtuvo los diplomados en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, impartidos por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

Ha ejercido la docencia en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, de Maracay, y en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay, estado Aragua.

De igual forma, ha impartido clases en la Universidad Santa María de Caracas, en la cátedra de Derecho Procesal Penal.

Ingresó al Ministerio Público en el 2002 como Fiscal 7ª del Área Metropolitana de Caracas; luego, se desempeñó como Fiscal 6ª Nacional con competencia plena y, posteriormente, fue designada Directora General de Actuación Procesal.

Como parte de su gestión transformadora frente al Ministerio Público, creó la Escuela Nacional de Fiscales, las unidades Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales; Antiextorsión y Secuestro; Técnica Especializada para la Atención Integral a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes; Depuración Inmediata de Casos; y la Psiquiátrica y Psicológica de Atención Inmediata al Consumidor de Drogas. También creó la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.

Igualmente inauguró la División Médico Forense, la cual cuenta con profesionales de la medicina para practicar reconocimientos médico legales, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público.

Además, puso en funcionamiento las direcciones General contra la Delincuencia Organizada, General para la Protección de la Familia y la Mujer, General de Apoyo a la Investigación Penal, para la Defensa de la Mujer, contra la Extorsión y el Secuestro, Gestión Social, Laboratorios Criminalísticos, Política Criminal y Asuntos Internacionales; así como las fiscalías con competencia para intervernir en las fases Intermedia y de Juicio, y salas de flagrancia.

Desde 2008 viene trabajando en la municipalización de la justicia. En este sentido, durante su gestión han sido creadas 38 fiscalías municipales a escala nacional.