Ortega Díaz: En Venezuela se está desarrollando una nueva forma de genocidio  

(Bogotá, 28 de febrero de 2018)  La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, manifestó que en “Venezuela se está desarrollando una nueva forma de genocidio, están matando a la gente a través del hambre y la miseria”, por lo que llamó a la unión para enfrentar al gobierno y acabar con eso.

Así lo dijo durante su participación en la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) vía skipe, donde expresó que en los últimos cuatro años frente al Ministerio Público tuvo que enfrentar el autoritarismo del gobierno, pues se opuso públicamente a muchas de sus actuaciones y debió ejercer acciones constitucionales para defender los intereses colectivos de todos los venezolanos.

“Por cumplir mi rol, por oponerme a la muerte del Derecho, a la persecución contra quienes piensan distinto, a la represión, por denunciar otras irregularidades que fueron ejecutadas por órdenes del Presidente y altos mandos militares fui destituida a través de un acto ilegal, lo cual colocó al Ministerio Público de rodillas al Ejecutivo”, manifestó la Fiscal General.

Por tal motivo, recalcó que lo mismo pretenden hacer con el parlamento venezolano, pero aclaró que sin el funcionamiento de este poder no hay democracia.

“La AN ganó con más de 14 millones de votos, pero ahora el gobierno quiere acabar también con el Parlamento”, sentenció Ortega Díaz.

Puntualizó que hay que separar los intereses personales y trabajar para recuperar la democracia en Venezuela, así como las garantías constitucionales y de esta manera reconstruir el país.

“El respeto a las diferencias se debe convertir en nuestra principal consigna que rige nuestras acciones para un bien común”, al tiempo que indicó que hay que construir alternativas para propiciar un cambio desde todos los espacios y agregó que nadie puede acostumbrarse a la cultura de la muerte, sino a la unión y la solidaridad.

Ortega Díaz expresó que está trabajando para que el brazo de la justicia que no ha llegado a Venezuela pueda tener eco en instancias internacionales, en vista de que aseguró que “nuestro país es un caos”.

Afirmó que los mismos delincuentes que han asaltado el poder son los que actualmente tienen el control total de los órganos jurisdiccionales, así como añadió que el gobierno no hace nada en favor de los más desposeídos y necesitados.

“Hay que rescatar el país para que reine la paz, donde podamos expresarnos libremente si ser perseguidos ni señalados, sin ser encarcelados ni asesinados, donde podamos salir tranquilos sin ser víctimas del hampa, donde las familias puedan superarse y desarrollarse con trabajos dignos”, por lo que dijo que para lograrlo se necesita la unión de todos los venezolanos.

Aseguró que los que han llevado a Venezuela a la miseria hoy se erigen como los salvadores del país argumentado una supuesta “guerra económica”, que son excusas para mantenerse en el poder.

Denuncia ante la CPI y otras actuaciones contundentes

La Fiscal General indicó que por todo lo que está ocurriendo en Venezuela, ha realizado acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos, ejemplo de ello fue cuando el 13 de octubre de 2017 se reunió con el Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, en Ginebra, donde le informó sobre la sistemática violación de derechos humanos que se registra en el país.

Asimismo, el 9 de noviembre del año pasado estuvo en el Vaticano, donde participó en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado. Ahí expuso el caso Venezuela y las calamidades de un pueblo que huyendo de la miseria, se ha visto obligado a migrar masivamente.

Luego, Ortega Díaz expresó que estuvo en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el pasado 16 de noviembre de 2017, para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por Nicolás Maduro y los generales Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres.  La denuncia que consignó estuvo acompañada de 1.693 elementos de prueba.

Esta acción, explicó, que abarcó las ejecuciones extrajudiciales a más de 8 mil ciudadanos por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado durante un lapso de tres años (2015-2017), de las cuales 505 fueron en el marco de la denominada Operación de Liberación del Pueblo.

También se denunciaron torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades que están documentadas con evidencias.

Una de estas fue la relacionada con la Operación Rondón creada por el Ministerio de la Defensa que detalla como el Ejército venezolano debe abordar la seguridad ciudadana, a través de la persecución, acoso y aniquilación de las personas que disienten del gobierno.

Este plan promovido por Padrino López considera a los ciudadanos como objetivos militares. Por ello, autorizó la utilización indiscriminada de fuerza letal contra un supuesto enemigo interno, etiqueta en la que fueron encasillados los venezolanos que se oponen a Maduro.

Bajo esta operación actuaron en el año 2016 los asesinos de un grupo de personas en la Masacre de Barlovento, la cual se pretendió ocultar desde el Gobierno Nacional. Allí 12 personas fueron asesinadas. Por este caso se procesaron 12 efectivos del Ejército Bolivariano por su responsabilidad en el hecho.

Además parte de la denuncia ante la CPI dijo Ortega Díaz que trata sobre las consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana en Venezuela, pues la muerte de 131 venezolanos el año pasado durante las protestas es un resultado de la Resolución 8610, dictada por el Ministro de la Defensa, la cual permite a los militares el uso de arma de fuego para el control del orden público, en vista de que las personas que protestan son tratadas como  “enemigos de guerra o terroristas”.

“Es un gobierno que en vez de proteger al ciudadano lo que hace es atacarlo”, exclamó la Fiscal General.

A pesar de que todo está debidamente documentado, Ortega Díaz acotó que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se limitó a iniciar con un examen preliminar y solamente por los hechos de violencia ocurridos durante las protestas de 2017, y cuando en realidad correspondía era una investigación por todo lo que ella denunció con pruebas.

Anunció que próximamente estará consignando más pruebas para ampliar esa denuncia y consignar nuevas evidencias que involucran a algunos funcionarios del alto gobierno en crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo en el suceso acaecido el pasado 15 de enero en la parroquia El Junquito de Caracas, donde fueron vilmente asesinados siete ciudadanos, entre ellos Óscar Pérez, a manos de efectivos de organismos de seguridad del Estado.

Explicó que fue una operación ejecutada por un ejército con armas que se utilizan en guerra y, además, los masacrados manifestaron la intención de rendirse, por lo que se debió habérseles respetado los derechos al debido proceso y la vida, y ser sometidos a un juicio tal como lo establece la Constitución y las leyes venezolanos.

Además dijo que solicitará al Parlamento de Holanda que estudie la posibilidad de que expulsen a la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), Haifa El Aissami, de La Haya, pues se ha convertido en un elemento perturbador en cualquier investigación por violación de derechos humanos contra altos funcionarios venezolanos, en vista de que esta apela al tráfico de influencias, entre otras irregularidades para favorecer al gobierno venezolano.

Ortega Díaz expresó que en Venezuela no hay Estado de derecho, pues lo desmantelaron, momento en que se dirigió a los diputados y les dijo que todo lo que ellos puedan hacer desde la Comisión de Política Interior es importante, al tiempo que reconoció el trabajo que vienen haciendo, en especial el de las diputadas Delsa Solórzano y Gaby Arellano.

Aprovechó para alertar con preocupación que hoy día en Venezuela no hay organismo donde se pueda acudir a denunciar, pues usurparon el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no existe, pero dijo que ellos (los diputados) se tienen que convertir en receptores de denuncias de violaciones graves de derechos humanos y continuar con el trabajo de protección a las víctimas, en vista de que es un trabajo muy importante para el país y los venezolanos.

Antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro

Asimismo, Ortega Díaz informó que el 19 de febrero de este año solicitó antejuicio de mérito y orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro Moros por los delitos de corrupción y legitimación de capitales en el caso de sobornos que pagó la constructora brasilera Odebrecht a cambio de contratos.

Este petitorio lo hice ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en el exilio.

Detalló que en esa investigación se pudo constatar que Nicolás Maduro recibió sobornos de la constructora y se comprometió a que si ganaba las elecciones presidenciales en 2013 continuaría con las obras por un monto de más de 2.5 billones de dólares.

La Fiscal General dijo que eso explica por qué en tanto tiempo esas obras no han tenido avance y el país entero es testigo de eso.

Con ocasión a esta solicitud también pidió que se oficie con celeridad a Interpol para que se genere la alerta roja de captura contra Maduro, así como se haga la misma acción con la autoridad competente en Perú con la finalidad de que si el mandatario nacional llega a ir a la Cumbre de las Américas, pues sea detenido.

Mensaje Final

Hizo un llamado a todos los diputados y los instó a que la articulación y unión de todos es fundamental, lo cual representa un peligro para el gobierno.

“Ustedes deben presionar a la CPI para que se les reconozca a ustedes como el parlamento legítimo y en todos los gobiernos del mundo porque ustedes son los que están legitimados, no la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro”, señaló Ortega Díaz.

Asimismo, los instó a que rechacen el fraude de las elecciones presidenciales del 22 de abril y les pidió que estén alertas ante ese golpe que pretenden dar contra el Parlamento: “Deben defender ese espacio con firmeza”, recalcó la Fiscal General.

Expresó que no se debe legitimar la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y hay que continuar dejando en evidencia ante el mundo que este gobierno llegó a su final y debe irse por el bienestar del pueblo, pues quiere quitarle todos los derechos a los venezolanos

Finalmente puso disposición la totalidad de las pruebas y documentos que detalló durante el derecho de palabra y les pidió a los diputados que no se rindan, en vista de que se está frente a una nueva forma de genocidio y en manos de todos está acabar con eso.