Ortega Díaz pedirá a la CPI incluir al examen preliminar otros delitos contra los DDHH ocurridos antes de 2017

(Bogotá, 08 de febrero de 2018) La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, manifestó que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que al examen preliminar que inició sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones en el año 2017 en Venezuela, incluya las ejecuciones extrajudiciales a más de 8 mil ciudadanos por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado durante un lapso de tres años, entre otros delitos contra los derechos humanos.

Así lo señaló durante el programa Panorama Mundial conducido por el periodista Rafael Romo por la señal de CNN en Español, donde aseguró que esta acción de la CPI es un importante paso que se relaciona con la denuncia y  más de 1.600 pruebas de violaciones a los derechos humanos que ella interpuso el pasado mes de noviembre ante ese organismo internacional.

Dijo que próximamente sumará elementos a la denuncia con pruebas en cuanto a muertes, detenciones, torturas y allanamientos arbitrarios, así como resaltó que de esas 8 mil muertes, 505 fueron en el marco de la denominada Operación de Liberación del Pueblo.

Durante la entrevista, Ortega Díaz indicó que el propio Nicolás Maduro muchas veces emplazó públicamente a funcionarios de organismos de seguridad para que enfrentaran a los manifestantes, al tiempo que hizo mención a casos como la tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana que pasó por encima de varios jóvenes y el joven Juan Pernalette que fue asesinado con una bomba lacrimógena.

“Vamos a trabajar para que esto no se quede solo en un examen preliminar sino que se extienda la investigación”, puntualizó la  Fiscal General Venezuela.

Principio de la complementariedad

Ortega Díaz aprovechó para mencionar que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en el marco del principio de la complementariedad, dijo que pedirá colaboración a las autoridades venezolanas como parte de la realización del examen preliminar, sin embargo, aclaró que en Venezuela se está frente a un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, así como un fiscal general de facto y usurpador que fue designado por una ilegal Asamblea Nacional Constituyente, por lo que la CPI no puede reconocer a esas autoridades, sino al TSJ que está en el exilio y a ella como Fiscal General.

En ese sentido, Ortega Díaz se puso a la disposición y a la orden para entregar evidencias que ya fueron consignadas y otras nuevas.

Finalmente dijo que ella cuando estaba en el Ministerio Público procuró siempre que los fiscales actuaran apegados a las leyes y con mucha parcialidad y objetividad, por lo que nunca aceptó presiones del Ejecutivo Nacional.