MENSAJE DE LUISA ORTEGA DÍAZ AL PUEBLO DE VENEZUELA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La legitimidad y legalidad de los actos de Estado son requisitos esenciales para la efectiva garantía y protección de los derechos de los ciudadanos. La República y la democracia son conquistas de la humanidad que nos separan del ejercicio ilimitado y arbitrario del poder, de las autocracias, las dictaduras y los totalitarismos de distinto tipo.

Desde el 31 de marzo he sostenido que hubo una ruptura del orden constitucional, expresada judicialmente con las sentencias 155 y 156, sentencias inconstitucionales que eliminaban las atribuciones de poderes legítimamente constituidos y se las transferían al usurpador Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación se ha venido profundizando de manera acelerada, la fraudulenta constituyente presidencial y el asalto militar al Ministerio Público ya son hechos de fuerza que dejan en evidencia que estamos ante un nuevo gobierno de facto, ante un golpe contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), las leyes y nuestra forma de Estado.

No es el espacio ni el tiempo para detallar todos los ataques, intimidaciones y procesos inconstitucionales, incongruentes, confusos y amañados que se han hecho en mi contra y contra la institución que represento. Tampoco me detendré en los innumerables recursos y acciones legales e institucionales que ejercí para evitar que el país llegara a esta lamentable situación y que fueron rechazados y bloqueados sistemáticamente por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuestionados e ilegítimos, que están subordinados a los intereses particulares del Ejecutivo Nacional.

Hemos explicado hasta la saciedad porque esa constituyente presidencial es inconstitucional, todo ese procedimiento ha estado viciado desde que el presidente se arrogó sobre sí mismo la soberanía nacional y sustituyó al pueblo, pasando por no consultarle al soberano sobre su acuerdo o no con esa constituyente y sus bases comiciales, una sectorización excluyente de los ciudadanos, hasta llegar a unas elecciones que solo desprestigió y enlodó al CNE. Un organismo al que le costó años construir su credibilidad, la cual fue destruida solo en semanas. Ese órgano electoral organizó unos comicios de forma exprés, mientras que dilató las elecciones regionales que correspondían legalmente celebrarlas hace meses. Omitieron auditorias claves, actividades propias del cronograma de ese tipo de procesos, entre otros muchos controles que se evadieron para contaminar en su totalidad esa elección.

Los fraudulentos resultados del 30 de julio eran más que predecibles, el escándalo de Smartmatic no fue más que una evidencia adicional de la crónica de un fraude anunciado. ¿Por qué si tienen tantos votos no se midieron en elecciones regionales cuándo correspondía? ¿Por qué si tienen tanto votos no hicieron un referéndum consultivo para ver si el pueblo realmente estaba de acuerdo o no con ir a una Constituyente y con las bases comiciales propuestas? ¿Cuándo van a publicar el detalle de la votación por centros electorales y mesas como lo han hecho siempre al día siguiente de una elección? ¿Cuál legitimidad y legalidad puede tener un órgano que nace de actos inconstitucionales y fraudulentos?

Es un fraude a la constitución, inocultable, ya van más de 40 países que no reconocen a esa fraudulenta constituyente presidencial. De igual manera, al menos presidentes de 10 países, así como la Comunidad Europea en pleno, han condenado el asalto militar contra el Ministerio Público, Fiscales Generales de los países miembros y asociados del Mercosur y de otras partes del mundo han manifestado que no reconocerán a quienes actualmente pretenden usurpar la dirección del Ministerio Público venezolano. La cantidad de países e instituciones que desconocen a estas autoridades inconstitucionales y fraudulentas se hace cada vez más grande, es proporcional al aislamiento y la pérdida de legitimidad de quienes pretenden hacer del país un cuartel.

Ni la fraudulenta constituyente presidencial ni los ilegítimos magistrados pueden remover a la Fiscal General de la República, el único órgano que puede tomar esta decisión es la Asamblea Nacional, tal como lo establece la CRBV en su artículo 279, por ello desconozco ese acto inconstitucional. No podemos perder de vista que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos constitucionales es nulo y acarrea responsabilidad (artículo 25 CRBV) y que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos no carecen de validez (artículo 138 CRBV).

Los usurpadores alegan la necesidad de “certeza” y de “objetividad”, pero esperan las órdenes de la presidencia de la República y de los órganos de inteligencia para actuar. Llevamos la investigación de hasta ahora 128 venezolanos asesinados y de más de 2 mil lesionados en el marco de la conflictividad iniciada en el mes de abril, con todo en contra, a pesar de los tribunales, a pesar de los organismos involucrados en violaciones sistemáticas de derechos humanos. Al menos el 25% de los fallecidos son responsabilidad de la acción directa de las fuerzas de seguridad del Estado, al menos en un 60% de estos casos los organismos responsables no ejecutan las órdenes de aprehensión o simplemente no proceden con la entrega de los funcionarios involucrados.

Investigamos con la misma rigurosidad todos los casos, un 40% es responsabilidad de civiles armados que actuaron contra los manifestantes ¿Dónde está la responsabilidad del Estado allí? ¿Qué hacen los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Dónde están los organismos de inteligencia? ¿Qué pasa con el control y regulación de las armas y las municiones en el país?

Las trancas arbitrarias e ilegales también generan violencia, al menos el 15% de estos casos se deben a arrollamientos y accidentes de tránsito producto de estas prácticas arbitrarias.  No es con violencia ni con vías de hecho que vamos a salir de este atolladero. Ni la violencia social y mucho menos la violencia institucional generalizada son la solución, por el contrario, nos sumergen en una espiral que solo beneficia al autoritarismo y salidas de corte dictatorial.

Sectores gubernamentales necesitan constantes enemigos para justificar sus miserias e incapacidades, los cambian a conveniencia en sus discursos, que son cada vez menos creíbles y menos escuchados, como un tribunal inquisitorial tratan de posicionar la idea de que yo soy la principal responsable de los males del país, con ataques personales, con señalamientos innobles, misóginos, burlándose de manera discriminatoria de personas especiales, actuando de manera cobarde y tumultuaria. Supuestamente ahora todo será mejor en el país con la constituyente presidencial y con el asalto militar que han hecho al Ministerio Público. Ni ellos mismos se lo creen, basta con verles sus redondos y demacrados rostros, sus expresiones, cuando tratan de sonreír solo se les dibuja una mueca grotesca que los desfigura.

Son la expresión viva de las advertencias de Orwell, cerditos en dos patas que no caben en sus costosos trajes, sus ropajes de marca no contienen tanta ambición, tanta codicia, y se terminan confundiendo con los granjeros explotadores a los que dicen enfrentar.

No caeré en su nivel porcino, esto no se trata de personajes, ni de cargos, mucho menos de novelas personales o de egos heridos. Las personas y los cargos son circunstanciales. Lo que nos debe preocupar y ocupar a todos es el país, es el Estado y sus instituciones. Cada quién debe asumir su responsabilidad ante el país y ante la historia. Yo asumo la mía. Quienes han generado esta crisis, quienes han llevado las riendas del país por varios lustros, quienes han obstaculizado las vías institucionales, electorales y legales, que han abierto los caminos de la violencia y las vías de facto que asuman la suya.

Como en la distopía orwelliana podrán borrar el twitter, la página web y los innumerables informes institucionales que hemos elaborado, pero no podrán borrar las altas tasas de homicidios que le han dejado al país, los muertos no se borran de la memoria de sus familiares ni de la conciencia de sus verdugos.

Esta constituyente presidencial y el asalto militar al Ministerio Público es una nueva versión del Carmonazo del año 2002, lo que se ha activado desde el 30 de julio en el país es un Carmonazo Constituyente. Es la imposición de la fuerza y de las vías de hecho, es la muerte del Estado de Derecho y de las instituciones del país. Estas tempestades que están sembrando traerá una cosecha para sus autores de consecuencias inimaginables, lamentablemente afectará de manera negativa al país entero. Sin embargo, está en cada uno de nosotros, del pueblo venezolano en su totalidad, evitar el desastre (artículos 333 y 350 CRBV). No se puede reconocer, legitimar ni apoyar este Carmonazo Constituyente, hay que defender la vigencia de la Constitución de 1999, exigir su cumplimiento y desconocer todo acto de fuerza contraria a la misma.

El objetivo principal de este Carmonazo Constituyente es continuar el desfalco de la nación, dejar impunes casos como el de Odebrecht o el de todas las ilegalidades que giran en torno al Arco Minero y a la entrega de nuestra soberanía nacional. Solo con los 30.000 millones de dólares que el Estado venezolano le pagó a Odebrecht se podía resolver por un año el hambre en todo el mundo. ¿Cuánto alimento y medicina para el pueblo humilde de Venezuela hubiésemos podido comprar con estos recursos? Es por eso que necesitan acabar con un Ministerio Público independiente y que cumpla con la Constitución, a la que también pretenden desaparecer. Quieren instituciones solo para garantizar su impunidad y perseguir a sus adversarios.

Llegaron a nuestro querido y respetado Ministerio Público como un ejército de ocupación, asaltaron literalmente a su personal y a sus instalaciones, prohibieron la entrada de los directores, y han instaurado un régimen de terror como pretenden hacerlo en el país entero. Como ya lo habían prometido, están tratando de materializar su amenaza según la cual “lo que no pueden lograr con votos lo harían con las armas”. Podrán tener las armas y las balas, pero no tienen pueblo, ni la razón, ni el derecho. Como diría Unamuno: “Callar, a veces, significa asentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia (…) no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva (mas no de inquisición) (…) Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho».